El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha participado hoy en Bruselas en la reunión del Consejo de Ministros de la Unión Europea como representante por turno en el segundo semestre del año, de todas las comunidades autónomas, incluida la de Cantabria, y ha expresado su apoyo a la contundente oposición de España ante el veto de la Comisión Europea (CE) de prohibir la pesca en aguas profundas.

En este sentido, el ministro de Agricultura y Pesva, Luis Planas, en compañía del consejero cántabro, ha instado a la CE a suspender la aplicación del reglamento de ejecución sobre las áreas marinas protegidas, que prohíbe la pesca en 87 zonas en aguas profundas en la plataforma continental, y que proceda a revisarlo de forma inmediata sobre la base de los nuevos datos científicos que ya están disponibles.

Durante la reunión, celebrada en Bruselas bajo la presidencia de Zdeněk Nekula, ministro de Agricultura de Chequia, país que asume la presidencia semestral de la Unión Europea, los ministros, en presencia del comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, han mantenido un cambio de impresiones sobre la gestión de las poblaciones de peces compartidas con el Reino Unido en el contexto del ciclo anual de consultas sobre posibilidades de pesca para 2023, así como sobre las consultas anuales de pesca UE-Noruega y de los Estados costeros para 2023.

En este sentido, Blanco ha considerado que “para Cantabria, es importante que ambos acuerdos permitan a nuestra flota acceder a especies tan importantes como la caballa, la merluza, el besugo o el rape, de gran relevancia para la viabilidad de toda la flota”.

Posteriormente, España, junto con las delegaciones francesa e irlandesa, han defendido su posición sobre la aplicación del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614 de la Comisión relativo a los ecosistemas marinos vulnerables y el consejero cántabro se ha sumado a la rotunda oposición defendida por el ministro Planas ante la aplicación de este reglamento.

“La defensa de los ecosistemas vulnerables marinos es un objetivo compartido por todos, pero su aplicación debe ser rigurosa empleando la mejor información científica disponible. Esto no ha sido así en la definición de las zonas que se quieren proteger con el reglamento y sería necesario esperar al próximo informe científico del ICES, previsto para noviembre, para contar con mejores datos”, ha subrayado Blanco, quien ha aprobado la determinación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si fuera necesario “para hacer valer que el principio de precaución no debe aplicarse solamente a los ecosistemas, sino que debe tener en cuenta también al sector pesquero, ya que un cierre de una zona afecta directamente al cierre de una pesquería de gran relevancia para España, y para Cantabria en particular”.

La Comisión también ha informado sobre el futuro de la población europea de anguilas y ha pedido la aportación de medidas de protección adicionales por parte de los estados miembros para una población, la de la angula, que, ha recordado Blanco, “para Cantabria, es una especie importante para el sector marisquero de la región ya que garantiza la viabilidad económica de la actividad para muchos de ellos”. Teniendo en cuenta que la situación de la población de la anguila es preocupante según los informes científicos más recientes en Europa, la Comisión ha pedido al Consejo un alto nivel de ambición para aplicar el reglamento y que se evite el colapso de la especie.

En este sentido, España ha pedido que se adopte un enfoque general y ha recordado que se trabaja con las comunidades autónomas para adoptar los planes porque, según ha explicado Planas, “los problemas que presenta la población de la anguila europea no tienen que ver únicamente con la presión pesquera y deben hacerse mayores esfuerzos en la mejora de la calidad los hábitats que requiere para su supervivencia porque de nada sirve restringir la pesca profesional si no se trabaja en el ámbito, medioambiental y la lucha contra el comercio ilegal”.

Por otro lado, el comisario Sinkevičius ha informado sobre la revisión en curso de la Directiva sobre emisiones industriales, centrándose específicamente en sus aspectos agrícolas, y el consejero cántabro ha manifestado su preocupación por la incidencia que esta Directiva puede tener sobre las ganaderías de más de 150 animales tanto en extensivo como en intensivo.